Las empresas de transporte terreste tienen el deber de seguridad con los pasajeros

Mediante Resolución N° 0012-2017/SPC-INDECOPI la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del INDECOPI sanciona a una empresa de transporte terrestre por no haber cumplido con adoptar las medidas de seguridad establecidas legalmente en perjuicios de sus usuarios conforme lo señala el acta de inspección realizado por los funcionarios del INDECOPI.

Según la Sala, el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

El supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a este la carga procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio prestado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que lo eximen de la responsabilidad, tales como fuerza mayor, caso fortuito, hecho de tercero o hecho del propio consumidor. Así, una vez acreditado el defecto en el servicio denunciado corresponde al proveedor demostrar que dicho defecto no le es imputable.

En el caso de servicios de transporte terrestre de pasajeros, los parámetros de idoneidad aplicables a este tipo de servicios, incluyen el cumplimiento de los requisitos establecidos por la regulación sectorial para que estos sean brindados en condiciones seguras.

Los parámetros de idoneidad pueden variar en función a los medios o la forma como se genera tal expectativa, así estaremos frente a una garantía implícita cuando se atienda a los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquiere tal servicio en el mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, o frente a una garantía expresa cuando la expectativa se genere por la información puesta a disposición por el proveedor, o frente a una garantía legal cuando los términos del servicio han sido definidos por la regulación vigente. Esto último en la medida que una condición objetiva que los proveedores de bienes y servicios deben cumplir son los requisitos que el ordenamiento jurídico exige, sin que para ello sea necesario que los consumidores demanden su cumplimiento.

Ahora bien, en cuanto a la normativa sectorial, debe indicarse, refiere la Sala, que el 1 de julio de 2009 entró en vigencia Reglamento Nacional de Administración de Transportes, el cual establece una serie de obligaciones exigibles a las empresas de transporte terrestre, entre ellas, las relativas a las medidas de seguridad que deben implementarse en los servicios de transporte interprovincial.

Así, el artículo 42.1.19° del Reglamento Nacional de Administración de Transporte señala que las empresas de transporte terrestre deben verificar que los usuarios del servicio, antes de abordar el ómnibus, no lleven consigo armas de fuego, punzocortantes, inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o similares.

En esa línea, el artículo 42.1.24° de la misma norma, prevé que las empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros tienen por obligación utilizar medios tecnológicos como filmadoras y detectores de metales, para grabar y revisar a los usuarios y sus equipajes antes del embarque, dentro de los terminales terrestres o estaciones de ruta, así como adoptar las medidas de seguridad necesarias respecto al equipaje que se transporta, por lo que para cumplir con dicha condición de permanencia las empresas del rubro deberán adoptar tales implementos para resguardar la vida y seguridad de sus usuarios.

De esta manera, se establece como una condición de operación exigible a los operadores de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte regular de ámbito nacional y regional, la revisión tanto del pasajero como de su equipaje de mano con mecanismos electrónicos como detectores de metales y filmadoras, a efectos de corroborar que no lleven consigo elementos que puedan poner en riesgo la vida y seguridad de todos los pasajeros.

En el presente caso, se halló responsable a la empresa de transporte por infracción del artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que, antes del embarque de unos de sus ómnibus a través del cual se brindaría el servicio en la ruta Cajamarca-Trujillo, no cumplió con adoptar las medidas de seguridad establecidas legalmente, pues el detector de metales destinado a revisar a los pasajeros y sus equipajes de mano, no funcionaba correctamente.

La Sala también señala que el acta de inspección es concebida como el documento fidedigno que se redacta para dejar constancia de los hechos verificados por la autoridad administrativa con la finalidad de dar cuenta de que el operativo fue realizado, recabando la versión del representante del investigado.

Asimismo, añade que del acta de inspección se observa que en la diligencia de inspección la denunciada respondió afirmativamente a la pregunta de si empleaba detectores de metales, se aprecia que para el servicio inspeccionado el detector no funcionaba correctamente. En ese sentido, se puede concluir que incumplió con su obligación de verificar que los pasajeros no portaban armas de fuego, punzocortantes, inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o similares; en tanto el instrumento destinado a tal fin, se encontraba inoperativo, situación que le impidió cumplir con su deber de salvaguardar la integridad y seguridad de los pasajeros y sus pertenencias.

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