No todo consorciado tiene responsabilidad en un procedimiento sancionador

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No todo consorciado tiene responsabilidad en un procedimiento sancionador

Mediante Resolución N° 2380-2016-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones con el Estado establece como un consorciado deslinda responsabilidad en un procedimiento sancionador por haber presentado documentación falsa y/o inexacta en un proceso de selección.

Según la Sala el artículo 239 del Reglamento de Contrataciones, señala que la responsabilidad por las infracciones cometidas por un consorcio se imputarán exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose solo a esta la sanción a que hubiera lugar, siempre que de la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor.

En tal sentido, agrega la Sala, se advierte que la normativa ha previsto que sea la Promesa formal de Consorcio el instrumento idóneo a efecto de verificar la posibilidad de distinguir las obligaciones asumidas por las partes integrantes del Consorcio, y con ello poder individualizar la responsabilidad en uno o algunos de los integrantes del mismo.

Así tenemos que como se desprende de dicho artículo, en el caso que los postores se hayan presentado bajo una promesa de consorcio, la imputación de las infracciones durante el proceso de selección recaerá exclusivamente en la parte que hubiera cometido la conducta imputada. En consecuencia, se impide a la Administración Pública la imputación a todas las partes del Consorcio, por el solo hecho que estos se hayan presentado bajo dicha modalidad, es decir el artículo 239 consagra una regla de delimitación del ámbito subjetivo de responsabilidad a favor de los consorciados que no estuvieron directamente involucrados la conducta infractora; recogiendo con ello, el principio de culpabilidad y el principio de causalidad, esto conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, al afirmar que la sanción solo puede sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor.

Por lo tanto, si bien alega el Impugnante, los integrantes del Consorcio de manera previa a su presentación de propuestas se reunieron a fin de determinar las responsabilidades y obligaciones a asumir, acuerdos que fueron plasmados en un Acta de Reunión, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, este documento no resulta ser un documento idóneo para ser analizado y con ello determinar los pactos y acuerdos que determinen la posibilidad de individualizar las responsabilidades asumidas por los integrantes del Consorcio; por cuanto, el único documento que resulta ser idóneo a efectos de determinar la posible individualización de responsabilidad entre los integrantes de un Consorcio, es la Promesa formal de Consorcio.

Ahora bien, la Sala refiere que el impugnante ha señalado en su recurso que de la promesa formal de consorcio se puede advertir la responsabilidad asumida por cada integrante del Consorcio, pues si bien en esta se señaló que los integrantes del Consorcio son responsables solidarios, también se consignó en la parte especifica relativa a las obligaciones de cada empresa, así como al reverso de la promesa formal de consorcio, obligaciones exclusivas de cada integrante del mismo.

En consecuencia, el Colegiado luego de verificar de la revisión del documento remitido por la entidad que, efectivamente el reverso de la Promesa Formal de Consorcio tiene información específica, de la cual es posible concluir que -según la Promesa Formal de Consorcio- la empresa responsable de aportar la documentación correspondiente a la experiencia del personal propuesta, materia del procedimiento sancionador, era otra diferente al impugnante.

Por lo expuesto, de la evaluación de los argumentos señalados en la resolución recurrida, así como del análisis efectuado sobre la Promesa Formal de Consorcio remitida por la Entidad, corresponde que este Colegiado modifique la decisión adoptada y declare fundado el recurso interpuesto por el Impugnante, en el extremo referido a la individualización de la responsabilidad.

Cabe añadir, que en el presente caso el Tribunal ha interpretado la norma de contrataciones con el estado regulado por el D.L. Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 184-2008-EF.

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