El numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones con el Estado – señala que en los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores agrupados en consorcio con la finalidad de complementar sus calificaciones, independientemente del porcentaje de participación de cada integrante, según las exigencias delos documentos del procedimiento de selección y para ejecutar conjuntamente el contrato, con excepción de los procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Al respecto, el Anexo Único del Reglamento, Anexo de Definiciones, precisa que el consorcio es “El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado”. En ese sentido, puede apreciarse que la normativa de contrataciones del Estado prevé que las personas naturales o jurídicas se asocien –en virtud del criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes–, a fin de participar como consorcio en los procedimientos de selección y contratar con el Estado.

Sobre el particular, es importante indicar que mediante Resolución N° 006-2017-OSCE/CD se aprobó la Directiva N° 006-2017-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado” (en adelante, la “Directiva”), la cual establece disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a la participación de los proveedores en consorcio, en las contrataciones que realizan las Entidades. 

Así, la citada Directiva regula, entre otros aspectos, el contenido de la oferta de un  consorcio, para efectos de su participación en el marco de un procedimiento de selección; precisando que para dicho fin, este deberá presentar -en su oferta- la promesa de consorcio con firmas legalizadas, según el numeral 4 del artículo 31 del Reglamento.

Con relación a lo anterior, cabe anotar que el numeral 1) del acápite 7.4.2 de la Directiva establece la información que debe contener la promesa de consorcio,según lo citado a continuación:  

  • La identificación de los integrantes del consorcio. (…).
  • La designación del representante común del consorcio. (…).
  • El domicilio común del consorcio. (…).

Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcioEn el caso de consultorías en general, consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de la contratación de bienes y servicios, cada integrante debe precisar las obligaciones a las que se compromete en la ejecución del objeto de la contratación, estén o no vinculadas directamente a dicho objeto, pudiendo estar relacionadas a otros aspectos, como administrativos, económicos, financieros, entre otros, debiendo aplicar en el caso de bienes, lo previsto en el acápite 4 del numeral 7.5.2.

El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato.(…).

Al respecto, se advierte que la información contenida en la promesa de consorcio debe incluir, entre otros aspectos, i) las obligaciones relacionadas al objeto del contrato, según corresponda a cada uno de los integrantes del consorcio; y, ii) el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes (estén o no vinculadas directamente al objeto del contrato), para cuyo efecto se debe determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. 

Por su parte, el numeral 7.5 de la Directiva regula la forma de calificar las ofertas presentadas en consorcio. Así, en su numeral 7.5.1 se dispone que en los procedimientos de selección cuyo objeto requiera la participación de proveedores que realicen actividades reguladas, tales como intermediación laboral, vigilancia privada, servicio postal, transporte de combustible, comercialización de medicamentos, entre otras, únicamente deben cumplir los requisitos que disponga la ley de la materia, aquellos integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar dicha actividad en la promesa de consorcio.

Ahora bien, conforme a lo indicado en el numeral anterior, la promesa de consorcio –suscrita por cada uno de sus integrantes- debe, necesariamente, indicar las “obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio”, y en el caso de bienes y servicios, cada integrante tiene el deber de precisar “las obligaciones a las que se compromete en la ejecución del objeto de la contratación, estén o no vinculadas directamente a dicho objeto”.

Como puede observarse, la Directiva indica claramente que debe detallarse cada obligación a la que se compromete cada uno de los consorciados y, además, que tratándose de una actividad regulada, solamente aquellos consorciados que se hayan comprometido a ejecutar dicha actividad deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley de la materia –esto es, los permisos legales necesarios para la ejecución de la actividad-; de ello se desprende que no necesariamente todos los miembros de un consorcio estarán obligados a cumplir con dicho requisito.

En ese sentido, en el caso que un consorcio participe en un procedimiento de selección cuyo objeto sea la contratación de bienes o servicios, los documentos solicitados en las bases como obligatorios para acreditar una actividad regulada deben ser presentados solo por aquellos consorciados que se hayan comprometido a ejecutar dicha actividad.

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