La intervención económica de la obra en las Contrataciones con el Estado

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abril 10, 2019

La intervención económica de la obra en las Contrataciones con el Estado

En relación con la figura de “Intervención Económica de la Obra”, corresponde precisar que esta es una medida que le permite a las Entidades la participación directa en el manejo económico de una obra a través de la apertura de una cuenta corriente mancomunada con el contratista, con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato.

Sobre el particular el artículo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado dispone que “Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

Asimismo el articulo precitado señala que “La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente puede ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato.”

En ese sentido para que opere la intervención económica debe haberse constatado no solo que exista un retraso del contratista sino que dicho retraso sea injustificado, por lo que si se hubieran generado controversias respecto a ampliaciones de plazo pendientes de resolver, el presupuesto para una intervención económica de una obra no se configuraría hasta la resolución de las mismas y siempre que se declare injustificado el retraso del contratista.

Adicionalmente, el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado establece que “La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar a resolver el contrato. La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual, y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista”.

Como se advierte, una Entidad puede intervenir económicamente la obra como una medida orientada a culminar su ejecución y a evitar la resolución del contrato, cuando se configuran los supuestos que habilitan su aplicación; entre ellos, i) caso fortuito, ii) fuerza mayor, o iii) incumplimiento de las estipulaciones contractuales que -a juicio de la Entidad, debidamente sustentado- no permitan la terminación de los trabajos.

Asimismo, a fin de aplicar de lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento, la Entidad debe observar, además, los supuestos y el procedimiento establecidos en la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE (en adelante, la “Directiva”), la cual regula la “Intervención Económica de la Obra”.

En ese contexto, de conformidad con el numeral 2) del acápite VI de la Directiva, la Entidad podrá intervenir económicamente una obra cuando se presenten cualquiera de los siguientes casos: “a) Si el contratista incumple con la presentación del calendario de avance de obra acelerado dentro de los siete (7) días siguientes de recibida la orden del Inspector o Supervisor de la Obra, la que se emite cuando el monto de valorización acumulada a una fecha determinada resulte menor que el ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a esa misma fecha.// b) Si el monto de la valorización acumulada resulta menor que el ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada del calendario de avance de obra acelerado y que la Entidad prefiera, por razones de orden técnico y económico, la intervención en vez de la resolución del contrato. // c) De oficio o a solicitud de parte en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de la obra de acuerdo con el expediente técnico y en forma oportuna.

Así, ante la configuración de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 174 del Reglamento y en la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE, la Entidad puede decidir intervenir económicamente la obra conforme a lo dispuesto en dichos dispositivos, con el propósito de concluir la ejecución de la misma sin llegar al punto de resolver el contrato; lo cual obedece a una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad, que responde a consideraciones técnicas y económicas, según el contexto en particular, para lo cual debiera contar con un equipo de profesionales calificados para el efecto.

Cabe reiterar que la intervención económica tiene como presupuesto el retraso injustificado del contratista, por tanto, si existieran controversias pendientes de resolver, no podría decidirse una intervención económica si no se ha declarado el retraso injustificado del contratista.

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